La Audiencia de Barcelona retira el delito de prevaricación a la exconsellera Vergés

La Audiencia de Barcelona ha retirado el delito de prevaricación a la exconsellera de Salut, Alba Vergés, en relación con el retraso en la vacunación de policías nacionales. Esta decisión judicial, adoptada al inicio del juicio, impide que se pueda solicitar una pena de prisión para la exconsellera y otros excargos del departamento de Salut. La causa, que se centró en el retraso en la vacunación contra la COVID-19 de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña durante la primavera de 2021, continúa ahora limitada al delito de prevaricación administrativa.

Retirada del delito contra los derechos de los trabajadores

La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona ha decidido excluir del procedimiento el delito contra los derechos de los trabajadores, que era la base principal de las peticiones de pena por parte de las acusaciones particulares, ejercidas por el sindicato Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil. Estas entidades solicitaban inicialmente tres años de prisión, una multa de 72.000 euros y 15 años de inhabilitación para los acusados. La defensa de los exconsellers argumentó que las acusaciones populares no estaban legitimadas para este tipo de delito, ya que ningún agente había comparecido a título personal y el ministerio fiscal no había apoyado esta acusación.

El delito de prevaricación administrativa continúa

A pesar de la retirada del delito contra los derechos de los trabajadores, el juicio proseguirá centrado en el delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía y las acusaciones populares mantienen su solicitud de penas de inhabilitación para los antiguos responsables de Salut. Jupol y Jucil, si bien critican la decisión del tribunal, han expresado su respeto por las resoluciones judiciales y su compromiso con el estado de derecho. Ambas entidades consideran que la decisión no altera el objeto principal del procedimiento, que es determinar si existió discriminación hacia los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el proceso de vacunación.

Contexto de la vacunación durante la pandemia

Contexto: La vacunación contra la COVID-19 fue un proceso prioritario a nivel mundial y en Cataluña, gestionado por el Departamento de Salut de la Generalitat. Durante la pandemia, se establecieron protocolos para la administración de las vacunas, priorizando a colectivos considerados esenciales. El caso que ahora se juzga se centra en el retraso en la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en comparación con otros cuerpos policiales que operaban en Cataluña, generando controversia y dando lugar a procedimientos judiciales.

Críticas de las acusaciones populares

Las asociaciones Jucil y Jupol han manifestado su disconformidad con la decisión de la Audiencia de Barcelona, calificándola de "no compartida". Han defendido que el delito retirado "se cometió por un tema de odio" y que la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a miles de agentes justificaban su continuidad en el procedimiento. No obstante, han reiterado su confianza en la justicia para determinar si las decisiones adoptadas por los responsables del Departamento de Salud vulneraron el principio constitucional de igualdad y pusieron en riesgo la salud de los agentes.

Desarrollo del juicio

El juicio, que se inició este martes en la Audiencia de Barcelona, se alargará hasta el próximo 15 de julio. La decisión de retirar el delito contra los derechos de los trabajadores se tomó durante la sesión de cuestiones previas. La causa continúa ahora con la investigación del presunto delito de prevaricación administrativa, mientras se espera que la justicia determine si hubo o no discriminación en la vacunación de los efectivos policiales durante la crisis sanitaria.