Barcelona aprueba el uso de pistolas táser para la Guardia Urbana tras un año de bloqueo

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el uso de pistolas táser por parte de la Guardia Urbana, una decisión que desbloquea un proyecto que se encontraba estancado desde hace aproximadamente un año. La propuesta, impulsada por el Partido Popular (PP), ha contado con el apoyo del PSC, Junts y Vox, mientras que Barcelona en Comú (BComú) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han votado en contra.

Un acuerdo para garantizar la seguridad y la protección de los agentes

La proposición presentada por el PP buscaba instar al gobierno municipal a trabajar en un nuevo reglamento de uso de estos dispositivos, un paso fundamental para su futura adquisición e implementación. El líder de los populares en el consistorio ha destacado que el uso de las pistolas táser es "necesario y útil" para los ciudadanos y para la protección de los propios agentes, subrayando que Barcelona no puede seguir posponiendo un debate que afecta directamente a la seguridad.

Según lo acordado, en el plazo de un mes se presentará un nuevo reglamento de uso, y antes de tres meses se publicará la licitación para la adquisición de los aparatos. Este acuerdo también contempla la contratación de dispositivos personales de grabación asociados, cartuchos, baterías, fundas, mantenimiento, actualizaciones tecnológicas, sistemas de trazabilidad y auditoría, así como la formación inicial y continuada de los agentes.

Un proyecto con antecedentes y votaciones encontradas

La voluntad de dotar a la Guardia Urbana de pistolas táser no es nueva. Hace aproximadamente un año, el reglamento que debía regular su uso fue tumbado en el pleno municipal tras un cambio de voto de Junts, a pesar de que la formación se mostraba partidaria de estos dispositivos. En aquella ocasión, la oposición de BComú y ERC, junto con la de Junts, impidió su aprobación.

En esta ocasión, el acuerdo ha sido posible gracias a la alianza entre PSC, PP, Junts y Vox. La moción aprobada consagra que las primeras armas capaces de paralizar a una persona mediante una descarga eléctrica se incorporen al cuerpo policial antes de que finalice el presente mandato, que concluye en mayo de 2027. El gobierno socialista ya había previsto dotar a la policía local de una partida inicial de dispositivos, pero el proceso se demoró.

Planes de despliegue y adquisición inminente

El acuerdo alcanzado no solo se centra en la aprobación del reglamento y la licitación de los aparatos, sino que también incluye la elaboración de un plan de despliegue territorial y operativo. Este plan garantizará la "disponibilidad inmediata" de las pistolas en todos los distritos y turnos de servicio, priorizando las unidades territoriales, los mandos operativos, los servicios nocturnos, la Unidad de Refuerzo para Emergencias y Proximidad (UREP) y las patrullas que intervienen habitualmente en situaciones de alto riesgo.

Asimismo, el texto ratificado estipula que, una vez el marco regulatorio sea vigente, se emprenderán “inmediatamente” los trámites para que el proceso de adquisición se inicie en un plazo máximo de tres meses. Aunque la propuesta inicial del PP sugería la provisión de 150 armas, la cifra se ha eliminado en la transacción con el PSC. El procedimiento de contratación también servirá para dotarse de las cámaras unipersonales que acompañarán a las pistolas.

Contexto: La seguridad en Barcelona y el debate sobre las táser

El debate sobre la incorporación de pistolas táser a la Guardia Urbana de Barcelona se enmarca en una discusión más amplia sobre la seguridad ciudadana en la capital catalana. Diversos incidentes, como el ocurrido recientemente en la zona de la Ronda del General Mitre y Mandri, donde un individuo armado con un cuchillo causó alarma, han puesto de relieve la necesidad de dotar a los cuerpos policiales de herramientas que les permitan actuar de manera más efectiva y segura en situaciones de riesgo.

La Guardia Urbana ya dispone de 150 unidades de pistolas táser y prevé alcanzar las 300 a final de año, con un objetivo de 500 agentes habilitados para su uso. La aprobación de este reglamento es un paso crucial para su implementación efectiva, permitiendo a los agentes contar con un recurso disuasorio y de control en intervenciones donde se requiera una respuesta contundente pero proporcional, minimizando así el riesgo para todas las partes implicadas.