Detenidas cuatro personas por enterrar 46.000 toneladas de basura de Francia en Barcelona

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en la provincia de Barcelona como presuntas autoras de un delito contra el medio ambiente. La operación, que se suma a una investigación iniciada en 2022, ha destapado el enterramiento irregular de aproximadamente 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia. Los detenidos, dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 39 y 60 años, se enfrentan a acusaciones que incluyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La trama criminal y el fraude

Según las investigaciones, la organización criminal introducía en España residuos urbanos e industriales de origen francés utilizando documentación falsa. El objetivo era evadir los controles habituales del traslado internacional de residuos y eludir el pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española. Además, al realizar los vertidos de forma irregular en España, se ahorraban los costes de depósito y el canon medioambiental que se aplica en Francia, donde la fiscalidad para este tipo de residuos es más elevada.

La documentación apócrifa permitía a los investigados eludir los controles asociados al transporte transfronterizo de desechos y evitar el pago de impuestos. La diferencia en la fiscalidad ambiental entre ambos países hacía este tipo de actividad ilegalmente atractiva para grupos organizados. La Guardia Civil sostiene que la evasión de costes de gestión y fiscales por parte de la red puede traducirse en costes ambientales y de restauración de terrenos que acaben recayendo sobre administraciones y ciudadanos.

Vertidos ilegales y residuos peligrosos

Una vez en España, los residuos eran vertidos de manera irregular y sin las medidas de seguridad preceptivas, generando un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud pública. Parte de estos materiales se enterraban de forma clandestina en suelos agrícolas, especialmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona. Otra parte de los residuos se dirigía a vertederos de residuos inertes y no peligrosos, donde se mezclaban con tierra.

Las analíticas realizadas durante la investigación han confirmado que entre los residuos vertidos se encontraban materiales peligrosos, como hidrocarburos y metales pesados. Un informe técnico específico deberá evaluar el riesgo generado por la actividad de este grupo criminal sobre el entorno, los cultivos y las aguas subterráneas. La Agencia de Residuos de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires han sido informados de la investigación para valorar posibles medidas de control y descontaminación en las zonas afectadas.

Operación internacional y registros

La investigación, denominada operación “Franger”, comenzó en 2022 tras unas inspecciones de la Guardia Civil sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas. Posteriormente, se detectó la entrada de residuos de gestores franceses, lo que motivó la coordinación internacional.

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo de forma coordinada en Cataluña y el sureste de Francia los días 23 y 24 de junio. En el dispositivo participaron más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol, que aportó apoyo personal, tecnológico y de información. Se realizaron registros en domicilios y empresas en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, además de una actuación en la provincia de Girona. Durante los registros se intervino documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores.

Contexto: La gestión de residuos en Barcelona y Cataluña

El caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la provincia de Barcelona y Cataluña en la gestión de residuos, especialmente aquellos procedentes del extranjero. La normativa europea y nacional establece rigurosos controles para el traslado y tratamiento de desechos, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, el fraude y el tráfico ilegal de residuos siguen siendo un problema persistente.

El ahorro económico que supone la gestión ilegal de residuos, especialmente cuando se comparan los costes fiscales y de tratamiento entre países como Francia y España, incentiva la aparición de redes criminales. Estas organizaciones buscan lucrarse eludiendo las normativas, lo que puede acarrear graves consecuencias medioambientales y sanitarias, además de un posible fraude a la Hacienda Pública. El Tribunal de Instancia de Martorell, a través de la sección de Instrucción número 6, se ha hecho cargo del caso, que sigue bajo investigación para determinar el alcance total de la actividad ilícita y las posibles responsabilidades.