Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos en ayudas a jóvenes extutelados en Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación para esclarecer posibles delitos en la gestión de las prestaciones y ayudas económicas y de alojamiento destinadas a jóvenes extutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. La actuación se produce tras recibir información de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

La OAC, que ya venía investigando estas cuestiones en dos expedientes separados, ha trasladado a la fiscalía sus conclusiones sobre uno de ellos, referente a las ayudas económicas. En este primer expediente, Antifrau no ha detectado indicios de delito, pero sí ha advertido de posibles deficiencias en el cumplimiento de los contratos con las entidades colaboradoras y en la supervisión por parte de la administración pública. La fiscalía analizará ahora si estas irregularidades administrativas podrían constituir un delito.

Dos líneas de investigación

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se centra en dos vertientes principales. Por un lado, se analizan las prestaciones económicas y de vivienda que se otorgaban a jóvenes extutelados. Por otro, se indaga en la posible existencia de "plazas fantasma" en centros de acogida, donde las entidades gestoras habrían cobrado subvenciones por alojar a jóvenes que, presuntamente, no residían en esas plazas.

El caso saltó a la luz a raíz de una denuncia presentada en enero de 2025 por un trabajador del tercer sector, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la gestión de estas ayudas. La OAC otorgó al denunciante la condición de alertador para proteger su identidad. Entre los casos detectados, se señala que un joven recibía dos prestaciones a pesar de residir y trabajar fuera de Catalunya desde hacía meses.

Colaboración con Antifrau

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la colaboración de la Oficina Antifrau de Catalunya en marzo de 2025. La OAC, que ya tenía abiertas dos investigaciones paralelas sobre la gestión de la DGAIA, ha remitido a la fiscalía el informe sobre el primer expediente, relativo a las ayudas económicas. En este informe, si bien se descarta la existencia de fraude, se señalan "incumplimientos y deficiencias" en el seguimiento y control de las medidas implementadas.

El segundo expediente, centrado en las "plazas fantasma" en pisos de acogida en Girona, aún está en fase de análisis por parte de la OAC. Se investiga si las entidades gestoras cobraban a la Generalitat por plazas que permanecían vacías. Una vez concluida esta investigación, la documentación también será remitida a la Fiscalía Anticorrupción para su evaluación.

Contexto: La DGAIA y la protección de menores en Catalunya

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) es el organismo de la Generalitat de Catalunya encargado de la protección y atención de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desamparo, así como de los jóvenes extutelados. Su labor abarca desde la acogida en centros residenciales hasta la provisión de ayudas económicas y de vivienda para facilitar su emancipación.

En los últimos años, la DGAIA ha estado en el centro de diversas polémicas y ha sido objeto de escrutinio por parte de organismos de control y del Parlament. Informes de la Sindicatura de Cuentas han señalado importantes disfunciones y pagos indebidos en la gestión de ayudas, cifrando en millones de euros las cantidades presuntamente mal gestionadas entre 2016 y 2024. El sistema de protección a la infancia en Catalunya ha sido descrito como "desbordado" y operando "desde la lógica de la emergencia", según conclusiones recientes de una comisión parlamentaria. Ante esta situación, el Departament de Drets Socials ha anunciado la intención de asumir directamente la gestión de algunos servicios, como el seguimiento de las prestaciones a jóvenes extutelados a partir de 2027, para evitar problemas similares en el futuro y reforzar el control administrativo.

Próximos pasos de la Fiscalía

Una vez analizada toda la documentación y los informes de la OAC, la Fiscalía Anticorrupción deberá determinar si los hechos investigados constituyen un delito. En caso afirmativo, podría interponer la correspondiente denuncia o querella ante los tribunales para que se profundice en la investigación judicial. Si se concluye que solo existen irregularidades administrativas, la decisión recaería en los departamentos competentes de la Generalitat.