La Justicia avala el desalojo del B9 en Badalona y confirma que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad social

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado la legalidad del desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona, confirmando que el Ayuntamiento de la ciudad tuvo en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes antes de proceder a la actuación. La decisión judicial desestima un recurso presentado por once de los antiguos residentes del inmueble contra el auto que autorizó la entrada para la desocupación.

El operativo de desalojo tuvo lugar en diciembre de 2025, tras la obtención de la autorización judicial. En aquel momento, el B9 se había convertido en el mayor asentamiento de Catalunya, albergando a unas 250 personas, en su mayoría migrantes.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha expresado su satisfacción tras conocer la sentencia, calificándola como una "victoria moral". Albiol destacó que la decisión judicial "demuestra que el Ayuntamiento de Badalona prestó los servicios sociales adecuados" y que el procedimiento seguido "fue el que correspondía". Según el alcalde, la sentencia "confirma que actuamos conforme a lo establecido".

El recurso de los ocupantes y la respuesta judicial

El recurso presentado por los antiguos ocupantes del B9 argumentaba, entre otros puntos, que la orden de entrada vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y a la no discriminación, además de prescindir del juicio de proporcionalidad. Los apelantes sostenían que el consistorio carecía del protocolo de asistencia social requerido por el juzgado.

Sin embargo, el TSJC ha concluido en su fallo que "no se acreditan dichas vulneraciones". El tribunal señala que la desocupación se sopesó bajo un "criterio de proporcionalidad" y que la administración municipal "sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes". La sentencia añade que "no se ha realizado un trato diferenciado a los ocupantes por razón de su raza u origen, sino que, ante la ocupación de un inmueble, se ha aplicado de forma proporcional la normativa, dando opciones a los ocupantes que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social".

Fiscalía respalda la actuación municipal

La Fiscalía también se pronunció sobre el caso, solicitando desestimar el recurso de los antiguos ocupantes. El Ministerio Fiscal sostuvo que el auto judicial "es conforme a derecho" y que tanto el procedimiento de autorización de entrada como el auto impugnado "han seguido las prescripciones de la ley".

Anteriormente, en marzo de 2026, la Fiscalía ya había emitido un escrito sobre la gestión posterior al desalojo, concluyendo que el consistorio no habría ofrecido soluciones habitacionales a todos los afectados. No obstante, la sentencia actual se centra en la autorización del desalojo en sí y en la consideración de la vulnerabilidad social en ese proceso.

Contexto: El B9, un desalojo controvertido

El antiguo instituto B9 de Badalona se convirtió en un símbolo de la problemática de la ocupación y la gestión de asentamientos en la área metropolitana de Barcelona. Durante meses, el edificio albergó a cientos de personas en condiciones precarias, generando debate social y político sobre cómo abordar estas situaciones. La intervención municipal para proceder al desalojo fue precedida por un complejo proceso judicial y un amplio despliegue policial.

La actuación del Ayuntamiento de Badalona buscaba dar una respuesta a la ocupación ilegal y a las condiciones de salubridad e insalubridad que se generaron en el inmueble. La justicia, con esta reciente sentencia, avala la vía elegida por el consistorio, si bien la gestión de los afectados tras el desalojo ha sido objeto de análisis por parte de otras instancias, como la Fiscalía.