Puigdemont confía en el Constitucional tras el fallo del TJUE para revocar su orden de detención

La estrategia de la defensa de Carles Puigdemont tras la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se centra en la espera. En lugar de solicitar al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que levante la orden de detención nacional que pesa sobre el expresidente, su equipo legal confía en que sea el Tribunal Constitucional quien finalmente ampare al líder de Junts.

La espera al Tribunal Constitucional

Fuentes del entorno de Carles Puigdemont han confirmado que no se presentará ninguna petición al juez Llarena para que retire la orden de detención vigente. La defensa prefiere aguardar a la decisión del Tribunal Constitucional, que estudia un recurso de amparo presentado contra la postura del Tribunal Supremo. El Supremo había determinado no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación, figura por la que se investiga al expresidente catalán. Se prevé que el órgano de garantías, presidido por Cándido Conde-Pumpido, no aborde este asunto hasta el próximo mes de octubre, según información de fuentes jurídicas. La esperanza de Puigdemont reside en que el Constitucional corrija la interpretación realizada por el Supremo.

El fallo del TJUE y la ley de amnistía

La sentencia emitida por el TJUE se considera un hito significativo. A partir de ahora, se puede afirmar que la ley de amnistía no solo es una norma constitucional española, sino que también se alinea con el derecho europeo, el cual posee primacía sobre las legislaciones nacionales de los Estados miembros. La ley de amnistía, que surgió como un requisito fundamental para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, ha superado así uno de sus últimos escollos. La decisión del tribunal europeo pone punto final a un prolongado proceso que ha involucrado negociaciones políticas, votaciones parlamentarias y diversos recursos judiciales.

El objetivo de la amnistía aún no cumplido

A pesar de las confirmaciones legales de la amnistía tanto a nivel nacional como europeo, el objetivo principal de la ley aún no se ha materializado por completo. Carles Puigdemont, cuya formación Junts per Catalunya fue clave con sus siete escaños para la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, continúa sin poder regresar a España sin el riesgo de ser detenido y procesado por el delito de malversación. El Tribunal Supremo consideró que no procedía concederle el beneficio de la amnistía precisamente en aplicación de la ley, lo que mantiene la situación actual.

Contexto: La ley de amnistía y su recorrido

La ley de amnistía, concebida inicialmente durante las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez, fue posteriormente articulada por el PSOE y Junts, con la participación activa del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. El propósito de esta legislación era doble: por un lado, asegurar que su aprobación supusiera el perdón judicial para todos los implicados en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en las protestas posteriores a la sentencia del 'procés'; por otro, garantizar que el texto legal no enfrentara obstáculos de constitucionalidad ni incompatibilidades con el marco jurídico de la Unión Europea. El cumplimiento de este segundo objetivo ha sido validado formalmente con la reciente sentencia del TJUE.

El Diario de Barcelona recuerda que la tramitación de la ley de amnistía ha sido un proceso complejo, marcado por intensos debates políticos y jurídicos en España. La norma buscaba resolver la situación procesal de cientos de personas afectadas por el 'procés', y su aprobación fue un punto clave en la agenda política reciente. La interpretación de la ley y su aplicación por parte de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo y ahora pendiente del Tribunal Constitucional, sigue siendo un foco de atención.