Comienzan los desalojos de 58 pisos ocupados en La Mina (Sant Adrià de Besòs)

Los Mossos d'Esquadra han iniciado este jueves por la mañana el proceso de desalojo de 58 pisos ocupados en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Las primeras actuaciones se han centrado en tres viviendas de los denominados Blocs de la Rambla, ocupadas desde el año 2017. Estos inmuebles son de titularidad pública y se busca recuperarlos para destinarlos a los vecinos que deben ser realojados del conflictivo bloque Venus, cuya demolición está prevista para 2028 como parte del proyecto de transformación del barrio.

Una comitiva judicial, apoyada por un amplio dispositivo policial con varios furgones de la Brigada Mòbil (ARRO) de los Mossos d'Esquadra, ha llegado a la zona para ejecutar los primeros lanzamientos. Cerca de 40 personas se habían concentrado en las inmediaciones de los bloques, protegidos con vallas, para intentar impedir los desalojos. Sin embargo, la policía catalana ha retirado las barreras y ha procedido a la entrada en las viviendas.

Primeras actuaciones y familias afectadas

De los tres casos de desalojo que han comenzado este jueves, dos afectan a familias con menores que, según ha detallado el Sindicat d'Habitatge, no disponen de una alternativa habitacional. Este sindicato ha denunciado que las familias llevan años reclamando la regularización de su situación y la posibilidad de acceder a contratos de alquiler adaptados a sus ingresos. "Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real", han manifestado.

El colectivo de defensa de la vivienda ha defendido la existencia de "alternativas" viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público de vivienda o la regularización directa de la situación de las familias ocupantes. "No faltan herramientas, sino voluntad política", han recalcado, insistiendo en que se debe buscar una solución habitacional digna para los afectados.

Posiciones del Consorcio de la Mina

Fuentes del Consorcio de la Mina han señalado que, en la mayoría de los casos, no se trata de familias vulnerables a las que se pueda ofrecer una alternativa habitacional inmediata, argumentando que "no son casos en seguimiento". No obstante, han asegurado que aquellos casos que sí cumplan los criterios de vulnerabilidad recibirán la respuesta adecuada conforme a los protocolos establecidos.

Por su parte, las familias afectadas y el Sindicat d'Habitatge de La Mina y de El Besòs han insistido en que desde el año 2021 se les ha estado haciendo un seguimiento que contemplaba la posibilidad de establecer alquileres sociales. Esta vía, sin embargo, se habría abandonado hace unos meses, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación del barrio. Fue en ese momento cuando los vecinos comenzaron a recibir las notificaciones de desalojo.

Contexto de La Mina

El barrio de La Mina, situado en Sant Adrià de Besòs y limítrofe con Barcelona, ha sido objeto de importantes planes de transformación urbanística y social en las últimas décadas. El Consorcio de La Mina, entidad responsable de la gestión y desarrollo del barrio, ha impulsado proyectos para mejorar la calidad de vida de sus residentes, incluyendo la rehabilitación de edificios y la creación de nuevos equipamientos. Uno de los objetivos clave ha sido la erradicación del chabolismo y la mejora de las condiciones de habitabilidad. El plan actual incluye el derribo del bloque Venus, un edificio emblemático pero problemático, y el realojo de sus vecinos en inmuebles recuperados o de nueva construcción, como los pisos que ahora se desalojan. El Diario de Barcelona ha informado en diversas ocasiones sobre los desafíos y avances en la regeneración de este barrio, destacando la complejidad de equilibrar las necesidades de rehabilitación con las situaciones habitacionales de los residentes actuales.

Demanda de paralización del proceso

En este contexto, las familias afectadas y las organizaciones que las apoyan han exigido la paralización del proceso judicial de desalojo. Solicitan que se reevalúen los casos individualmente y se priorice la búsqueda de soluciones habitacionales que garanticen el derecho a la vivienda, especialmente para aquellas familias con menores a su cargo. La situación pone de manifiesto la tensión entre los planes de reurbanización y la realidad social de los habitantes de viviendas ocupadas en zonas de transformación urbana.