Sant Adrià suspende el pleno presencial por la tensión ante los desahucios en La Mina

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha optado por blindarse ante la escalada de tensión provocada por el goteo de desahucios en el barrio de La Mina. Como medida preventiva, el consistorio ha decidido renunciar a celebrar su próximo pleno ordinario de manera presencial. En su lugar, los 21 concejales de la corporación se conectarán telemáticamente, retomando así una modalidad de reunión que se popularizó durante la pandemia de COVID-19. Esta decisión se produce ante la inminencia de nuevos desalojos, ya que está previsto el lanzamiento de otro domicilio el mismo lunes en que debía celebrarse la sesión plenaria.

Fuentes municipales han explicado que la determinación de suspender el pleno presencial se ha tomado siguiendo la recomendación de la Policía Local y en mutuo acuerdo con el secretario del ayuntamiento. La principal preocupación reside en el temor a posibles altercados o confrontaciones con las familias afectadas por los desalojos. Desde hace un tiempo, el consistorio ha estado en conversaciones con la jefatura de la Policía Local para implementar medidas de protección reforzadas ante la oleada de lanzamientos, que se han estado programando desde finales de 2025.

La situación en La Mina se ha visto agravada por un macrodesahucio que afecta a 58 viviendas de titularidad pública, ocupadas desde hace aproximadamente nueve años y cuya ejecución se está llevando a cabo de forma gradual. Agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra han sido desplegados para ejecutar los desalojos, que ya han afectado a una decena de domicilios en un mismo bloque perteneciente al Consorcio de La Mina. Este consorcio es un órgano público del que forman parte la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià.

A pesar de los esfuerzos por ejecutar los lanzamientos, se han producido casos de reocupación. Al menos dos pisos han sido ocupados nuevamente por las mismas familias que residían allí anteriormente. En un intento por frenar los desalojos, el Consorcio de La Mina denunció por usurpación a una madre con dos hijos menores. Sin embargo, una jueza ha denegado la petición de expulsión exprés, argumentando que la mujer volvió a acceder a la vivienda que ocupaba desde 2019 horas después de ser desahuciada. Estas viviendas permanecieron deshabitadas y vigiladas durante un periodo considerable, hasta que fueron ocupadas en 2017. Su construcción original data de un plan para realojar a residentes del antiguo bloque de la calle Venus, cuya demolición estaba prevista desde 2002.

La decisión del gobierno municipal de optar por un pleno virtual ha generado críticas por parte de la oposición. Irene Pardo, portavoz del PP en Sant Adrià, ha lamentado la medida en redes sociales, argumentando que el ejecutivo municipal del PSC parece querer que los concejales se "escondan en casa" ante las "amenazas". Pardo ha comparado la situación actual con los momentos más álgidos del terrorismo en España, señalando que ni entonces se suspendían los plenos en el País Vasco.

Contexto: El barrio de La Mina, situado en Sant Adrià de Besòs, ha sido históricamente un área con desafíos sociales y urbanísticos. La tensión actual en torno a los desahucios se enmarca en un contexto de ocupación de viviendas públicas que se remonta a varios años atrás, y que ahora se está abordando mediante órdenes judiciales de lanzamiento. El Consorcio de La Mina, como ente gestor, se encuentra en el centro de esta problemática, intentando dar solución a situaciones complejas que involucran a familias vulnerables y al parque de vivienda pública. La decisión del ayuntamiento de priorizar la seguridad y la calma social suspende temporalmente la presencialidad de sus órganos de gobierno, reflejando la gravedad de la situación en el barrio.